Esta mañana el Ministerio Publicó formalizó 21 imputados ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago por el caso de fraude en Carabineros, quienes están acusados de recibir dinero ilícito en sus cuentas bancarias. Los coimputados son en su mayoría civiles, familiares y cercanos a los funcionarios que recibieron depósitos desde la cuenta institucional de la organización.
Entre los requeridos ante el tribunal se encuentra Katherine Norambuena, pareja del imputado y excoronel, Arnoldo “El Huaso” Riveros, por una transferencia de 70.000.000 pesos, quien explicó ante los fiscales que recibió dicho monto sin saber el origen del dinero, situación que según su abogado defensor, la exculparía de toda acusación.
Según el fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, aun si fuese cierto el desconocimiento del origen del monto, este depósito se hizo a nombre de Carabineros de Chile, por lo que se considera a la mujer como partícipe del delito debido a que ella no es parte de la institución.
Otra de las citadas ante tribunales fue la teniente coronel llamada a retiro, Aida Marisio, que anteriormente ejercía como segunda jefa de la Central de Comunicaciones de Carabineros, CENCO, quien habría declarado en julio que el dinero lo recibió del padre de su hija, sin conocimiento de su origen. Sin embargo, el fiscal regional declaró que, según antecedentes corroborados por la Contraloría General de la República, existen dineros provenientes directamente de cuentas institucionales de Carabineros, y no solo del coimputado Nelsón Valenzuela, al que había acusado inicialmente.
De esta forma, a los nuevos involucrados se les imputan los cargos de asociación ilícita, lavado de activos y malversación de caudales públicos. El monto malversado asciende a 26 mil 52 millones 98 mil pesos.
La fiscalía solicitó como medidas cautelares arraigo nacional, prohibición de comunicarse con algunos de los imputados y arresto domiciliario total o nocturno para algunos casos. Según Campos, el hecho de que todos los coimputados hayan obtenido medidas cautelares se debe a que los antecedentes presentados han sido potentes.
Tras esta formalización, el número de involucrados ascendió a 115 personas, sin embargo se esperan nuevas solicitudes de citación, siendo la próxima audiencia de formalización el próximo 8 de noviembre.
