Daniela sufría de una miocardiopatía dilatada y murió esperando un corazón en 2015, a los 13 años.
Debate ha generado el caso de Daniela Vargas, la joven de 13 años que falleció en 2015 mientras esperaba un trasplante de corazón por una miocardiopatía dilatada.
Luego de conocido el caso, los cuestionamientos se han dirigido a la Red Salud Christus UC que emitió un informe en el que se le negó el órgano necesario por no considerarla «apta» debido a su «precariedad familiar, social y personal». La joven estaba a cargo del SENAME en Chiloé. El informe del Comité de Ética del centro argumentó que «el éxito del trasplante cardíaco como una alternativa terapéutica extraordinaria recae no solamente en el acto quirúrigico propiamente tal, sino que además en un cuidado y seguimiento post operatorio adecuados, en el cual la adhesión al tratamiento y los controles médicos son vitales».
La acción fue calificada por muchos como una discriminación socioeconómica arbitraria, aunque la ministra de salud, Carmen Castillo, descartó que hubiera fallas en el protocolo en este caso. El fiscal a cargo del caso SENAME, Marcos Emilfork, anunció que ya se abrió una investigación para determinar eventuales responsabilidades penales.
En entrevista con Radio UC, José Manuel Palacios, presidente electo de la Sociedad Chilena de Trasplantes, se refirió a los hechos que dio a conocer el programa La Mañana de Chilevisión. El especialista dijo que este procedimiento es de alta complejidad porque involucra tres factores difíciles de congeniar: la disponibilidad del órgano, lo difícil del procedimiento y todo el pos-operatorio.
José Manuel Palacios es presidente electo de la Sociedad Chilena de Trasplante
El especialista agregó que «cuando se plantea un trasplante se deben poner en la balanza, junto a la parte técnica, todo el apoyo de su situación familiar, personal, entor no, etc. Hay muchos pacientes que se evalúan y que no son candidatos porque no cumplen estas condiciones». Agrega que, según su propia experiencia del profesional, la frecuencia de estos casos no es menor: «de lospacientes potenciales, alrededor de un 5 a 10% son rechazados porque no cumplen las condiciones personales o sociales. Muchas veces son pacientes que no tienen la posibilidad de seguir el tratamiento posterior por diversas causas o porque no tienen el apoyo social, esto sumado a la situación clínica precaria. Si no existe este equilibrio, se está en una posición muy débil donde si no está este factor de apoyo, no califica». En ese sentido, considera que para entender el razonamiento que se realizó en este caso, la situación debe ser puesta en un contexto clínico.
En ese sentido, Palacio descartó una eventual discriminación socioeconómica hacia la menor y sostiene que lo que ocurrió es que hubo una «consideración de su entorno social, personal, familiar» de parte del equipo médico y que es vital para el éxito de cualquier procedimiento de este tipo.
