Imagen: Amnistía Internacional
El viernes 27 de junio fue ejecutado Takahiro Shiraishi en Japón, el llamado “asesino de Twitter”, quien reconoció haber asesinado y desmembrado a nueve personas de entre 15 y 26 años en su apartamento durante 2017, a quienes contactó mediante esta red social. La primera ejecución desde 2022, ha reabierto el debate en un país cada vez más cuestionado internacionalmente por aplicar la pena de muerte, y que sin embargo cuenta con un amplio apoyo entre los japoneses.
Por Alejandro Betanzo Herrera
Ni siquiera el propio Shiraishi sabía que el viernes 27 de junio sería ejecutado. En el más absoluto secreto, la mañana del viernes, Takahiro Shiraishi fue notificado de que sería condenado a la horca, y apenas un par de horas después, fue concretada su ejecución en el Centro de Detención de Tokio. Como es habitual en el país nipón, solo se hizo pública la ejecución una vez realizada.
La ejecución fue notificada por el ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, quién explicó que Shiraishi había cometido “robo, violación, asesinato, destrucción de cadáveres y abandono de cadáveres”, afirmando que “nueve víctimas fueron golpeadas y estranguladas, asesinadas, robadas y luego mutiladas con partes de sus cuerpos guardadas en cajas y otras arrojadas a un vertedero”, comentó Suzuki en un punto de prensa.
Una historia que conmocionó a Japón
Takahiro Shiraishi, de 34 años, y bajo el nickname de “Verdugo”, contactó durante el año 2017 a las víctimas, la mayoría mujeres de entre 15 y 26 años, mediante la red social Twitter (ahora X). El perfil de las víctimas tenía un aspecto en común: expresaban tendencias suicidas, donde les ofrecía “una ayuda para morir”, según confesó el propio Shiraishi durante su detención.
Según confesó el acusado, luego del primer contacto por la red social y de mantener conversaciones por un tiempo, las víctimas viajaban hasta su departamento ubicado en la localidad de Zama, en la prefectura de Kanagawa. Allí, Shiraishi las asesinaba, descuartizaba y procedía a esconder sus restos en pequeñas cajas, y las que no cabían en ellas las arrojaba a un vertedero. La misma metodología fue realizada as sus nueve víctimas.
Takahiro Shiraishi en su detención. Imagen de STR
El ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, declaró que la decisión fue tomada tras un largo y cuidadoso análisis. Según él, “Este caso, motivado por motivos egoístas como la gratificación sexual y económica, resultó en la muerte de nueve personas en dos meses, un incidente gravísimo que ha causado conmoción y ansiedad en toda la sociedad. Entiendo que es un caso especialmente desgarrador tanto para las víctimas como para sus familias.
Un país cada vez más aislado internacionalmente
Actualmente, 113 países del mundo —entre los que se encuentra Chile, salvo las ejecuciones ligadas a la justicia militar— han abolido por completo la pena de muerte. Sin embargo, de los países pertenecientes al G7 (las siete economías más industrializadas del mundo), solo Japón y Estados Unidos mantienen aún vigente la pena capital.
En Japón, las ejecuciones de aquellos condenados a muerte se realizan mediante el ahorcamiento, llenas de un secretismo tal las fechas de ejecución no se hacen públicas hasta después de ejecutadas, con poca o ninguna advertencia, y las familias y los abogados suelen ser notificados solo después de que se consumó la ejecución.
Imagen: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP
La ejecución de Shiraishi no fue indiferente para el resto del mundo. Aparte de las incontables notas de prensa que se emitieron, varias fueron las organizaciones que salieron a criticar el ahorcamiento del acusado. Una de ellas fue Amnistía Internacional, organización que lleva años luchando para abolir la pena de muerte en aquellos países que aún la mantienen en sus códigos de justicia.
La asesora para los DD.HH. de Amnistía, Chiara Sangiorgio, expresó en un comunicado publicado el viernes que “La ejecución de Takahiro Shiraishi, la primera en Japón en casi tres años, es el último ataque cruel al derecho a la vida en Japón y un importante revés para el historial de derechos humanos del país”.
El secretismo de la ejecución de Shiraishi fue también criticado por Sangiorgio, quien expresó que “el secretismo que sigue envolviendo la notificación de las ejecuciones aumenta la crueldad del uso de la pena capital en Japón”, realizando además un llamado a las autoridades de Japón, quienes “deben declarar de inmediato una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte”.
Según una encuesta publicada por el propio Gobierno japonés en 2024, el 80% de los japoneses considera que la utilización de la pena de muerte es un asunto “inevitable”, y tan solo un 9% se posiciona en contra de esta práctica.
Fue así que el ministro Suzuki defendió la ejecución de Shiraishi, argumentando que “no es apropiado abolir la pena de muerte mientras se sigan cometiendo estos crímenes violentos».
La situación en Chile
En Chile, la pena de muerte fue abolida para delitos comunes en 2001, con la promulgación de la Ley N° 19.734. Sin embargo, persiste en el Código de Justicia Militar para ciertos delitos cometidos en tiempos de guerra. Aunque se ha debatido sobre su posible reinstauración, especialmente en el contexto de la seguridad ciudadana, la tendencia global es hacia la abolición, y Chile se encuentra alineado con esta postura.
Imagen: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile
Aun así, en el contexto de las elecciones presidenciales, el tema de reinstaurar la pena de muerte en la justicia civil volvió a cobrar vida a comienzos de año, cuando la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, señaló que “en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar”, a lo que concluyó que “hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos, la pena de muerte sí debería aplicarse”.
Uno de los candidatos que salió a responder los dichos de Matthei fue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se mostró contrario a la pena de muerte, señalando que “la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, a un narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua, que lo va a aislar completamente de su entorno y de la sociedad de por vida, la muerte en vida”.
Desde el Gobierno, la ministra vocera, Aisén Etcheverry, respondió en su momento que la discusión de la pena de muerte era un debate que ya se había cerrado hace bastantes años.
