En el cierre del semestre, los representantes de los movimientos estudiantiles de la UC plantearon sus posturas sobre contingencia nacional, educación superior y el futuro de la organización estudiantil.
El pasado miércoles 17 de junio se vivió la última edición del semestre de Mesa 33. En esta ocasión, el panel contó con la participación de representantes estudiantiles de los diferentes movimientos de la Universidad Católica, donde debatieron sobre contingencia nacional y universitaria. Los invitados fueron: Gabriel Cáceres, militante de la Nueva Acción Universitaria (NAU); Edgardo Mejía, Excandidato CONFECH 2026 por Solidaridad (SDD); Jorge Muñoz, Coordinador General de Avanzar (AVZ); Maximiliano Ávila, Excandidato a primera vicepresidencia FEUC 2026 por Amanecer (AMC) y militante de las Juventudes Comunistas UC (JJ.CC); e Ignacio Soto, Expresidente del Centro de Estudiantes de College UC por Movimiento Gremial (MG).
Como siempre, el panel se dividió en tres secciones: “La línea Propia”, centrada en cada uno de los representantes; “A tiempo real”, preguntas sobre contingencia universitaria y nacional; y “La próxima línea”, con preguntas sobre el futuro de la vida universitaria.
“La línea propia”
En esta sección los participantes fueron consultados con preguntas referentes a sus movimientos. El primero en responder fue Gabriel Cáceres (NAU), a quién se le preguntó por las propuestas e iniciativas que actualmente impulsa Nueva Acción Universitaria para incidir en el debate público y estudiantil, así como por las estrategias que consideran necesarias para que la movilización estudiantil pueda traducirse en cambios políticos concretos dentro del actual escenario legislativo. Cáceres respondió: “Desde la Nueva Acción Universitaria no queremos ser positivistas, no queremos caer en redundancias y queremos ser una oposición clara y firme y es por eso que nuestras propuestas no van simplemente como una idea de ser oposición”.
A Ignacio Soto (MG), se le preguntó por la postura del Movimiento Gremial frente al denominado Registro Nacional de Vándalos, una iniciativa impulsada por el gobierno que busca establecer sanciones para quienes cometan actos de violencia o incivilidades. Ante si considera que este proyecto constituye una herramienta adecuada para enfrentar estos hechos y resguardar el orden público, respondió: “Creemos que debe existir una responsabilidad cívica respecto a lo que es la manifestación, es legítimo y lo hemos dicho incansablemente, la manifestación pacífica es legítima. Este registro de vándalos no está castigando este tipo de manifestación, sino que está castigando el vandalismo y con eso queremos ser muy claros”.
Por su parte, desde Solidaridad Edgardo Mejías habló sobre la relación que mantiene el movimiento con actores políticos externos a la universidad. La pregunta fue cómo interpretan en la interna las reuniones que ha sostenido recientemente con parlamentarios y cuáles son las diferencias que, a su juicio, existen entre ese tipo de acercamientos institucionales y los vínculos partidarios que han sido cuestionados en otras organizaciones estudiantiles. Es así que respondió: “El involucramiento y la conversación con distintas autoridades y también con distintos grupos políticos es parte de la vida universitaria. Nosotros no criticamos la polarización de la política, sino la instrumentalización de la misma”.
El cuarto representante en ser consultado fue Jorge Muñoz (AVZ), a quién se le preguntó sobre la situación de las y los estudiantes cuidadores dentro de la Universidad Católica, en el contexto del reciente debate sobre la Sala Cuna Universal. La pregunta fue si considera que los espacios y apoyos que actualmente ofrece la universidad son suficientes para este grupo de estudiantes y qué iniciativas ha impulsado el movimiento para ayudar a estas necesidades. Muñoz respondió: “Últimamente se está avanzando en este proyecto, lo cual nos pone muy contentos porque en su momento fue utilizado como un instrumento de un bloqueo político en el congreso. Desde Avanzar consideramos que los espacios son todavía insuficientes y son mejorables dentro de la Universidad”.
Finalmente, Maximiliano Ávila (AMC) se refirió a la postura de Amanecer frente al debate abierto tras la presentación de un proyecto que busca modificar la Ley Naín-Retamal. En particular, si considera que eventuales cambios a esta normativa podrían fortalecer las garantías ciudadanas frente al actuar policial o si, por el contrario, podrían afectar la capacidad de las policías para enfrentar hechos de violencia y delincuencia. Asimismo, se le consultó si existen distintas visiones sobre esta materia al interior del movimiento. Por su parte, Ávila respondió: “Naturalmente existen distintas miradas, el espectro que está tomando hoy la izquierda es muy variado, hay que asentarse primero en cómo se está cocinando esta oposición, en cómo se está llevando y donde hay muchas salidas”.
“A tiempo real”
En esta segunda sección, los participantes fueron consultados sobre una reciente investigación relacionada con mensajes difundidos en un grupo vinculado a la CONFECH que generaron controversia en el debate público. En ese contexto, se les preguntó si consideran que este tipo de expresiones contribuyen a profundizar la polarización política y el clima de confrontación dentro de las comunidades estudiantiles.
El primero en responder fue Gabriel Cáceres (NAU): “Nos parece muy problemático este tipo de tono, de sátira (…), creemos que es un comentario desafortunado no puede instaurar instituciones enteras y acusarlas de violentistas, acusar a nuestros compañeros muchas veces de criminales, entonces desde la NAU claramente nos preocupa la polarización y creemos que este tipo de bromas no tienen lugar dentro de los espacios”.
Por su parte, Jorge Muñoz (AVZ) dijo: “Fue totalmente desafortunado el comentario. Nosotros no avalamos ese tipo de comentarios ni tampoco la violencia. Creo que la política se está convirtiendo muy simplista, muy de comunidad, hay una simpleza y ligereza para tratar a estudiantes como criminales lo que a mi me sorprende”.
Asimismo, Maximiliano Ávila (AMC), respondió: “Hay que saber tomar con pinzas estos casos para intentar no hacer esas acusaciones. Hay casos y casos, claramente hay una diferencia de represión entre bañar a niños de 15 años y abuelitos con el guanaco, a hacer un comentario desafortunado».
Por su parte el representante de Movimiento Gremial, Ignacio Soto, contestó: “La CONFECH dejó de representar a los estudiantes, representa solamente lo que los partidos de izquierda dicen. Asimismo, en un podcast, la misma presidenta de la federación de la Universidad de Santiago de Chile, lo dijo, dijo que la federación estaba tomada por partidos políticos. Es violento también entender que lo que ocurrió el 3 de junio fuera de Casa Central. Nosotros desde Movimiento Gremial hacemos un llamado a la federación a que se salga de la CONFECH; la FEUC es de la CONFECH”.
Finalmente, Edgardo Mejía dijo: “Con la polémica ocurrida hoy, se logra demostrar aún más que la polarización afecta actualmente al estudiantado y claro, es sumamente simplista acusar a todo el cuerpo estudiantil de violentista, sin embargo eso no quita que los comentarios muestran de alguna u otra manera una tolerancia a ese tipo de comentarios de izquierda”.
“La próxima línea”
En la última sección del panel, los representantes fueron consultados por el debate en torno al cobro de las deudas asociadas al CAE, luego de que una comisión de la Cámara de Diputados rechazara una iniciativa que buscaba incorporar criterios de proporcionalidad según la capacidad de pago de los deudores. En ese contexto, se les preguntó si el Estado debe mantener mecanismos estrictos de recuperación de estos recursos o si las políticas de cobro deberían considerar la situación económica particular de cada persona.
El primero en responder fue Gonzalo Cáceres (NAU): “Desde la NAU encontramos muy lamentable la situación de embargos, esto ha tensionado no solo la justicia, sino realidades familiares, gente que estudió una carrera, se tituló y hoy no cuenta con oportunidades laborales, aparte nos parece muy lamentable que el Ministro Quiroz haya hablado de la rentabilidad de una carrera. (…) Junto con eso, hay que ser responsables, quién tenga la capacidad de pago, debe pagar, pero esto no es la realidad de la mayoría de los chilenos”.
El siguiente en responder fue el representante de Solidaridad, Edgardo Mejías: “Desde Solidaridad creemos que es un tema bastante complejo y también nos resulta bastante difícil de afrontar, en ese sentido nosotros creemos que es necesario buscar métodos de proporcionalidad porque hay un tema que hay que reconocer y es que las deudas se tienen que pagar”.
Por su parte, Maximiliano Ávila (AMC), mencionó: “La gran mayoría de nuestra universidad que estudia con subsidios del Estado, tenemos al final un cuerpo estudiantil que efectivamente tiene dificultades para pagar al contado el arancel de su carrera”.
Jorge Muñoz (AVZ) dijo: “Comparto lo que dice Edgar, el Estado tiene que cubrir su deuda, ahora uno diferencia la forma y ahí comparto mucho con Gabriel, la forma en que se llevó a cabo esto, careció de proporcionalidad, fue un embargo de la noche a la mañana y ahí se demuestra que este Gobierno sufre de falta de empatía social”.
El último en responder fue el representante de Movimiento Gremial, Ignacio Soto: “La deuda total del CAE, que ronda los $4.700 millones de dólares, es algo que el Estado no se puede permitir al fin y al cabo dar por perdido, estamos en una crisis financiera, los ministerios han estado haciendo recortes, pero yo quiero ir un poco más allá, esto al final es un contrato”.
Este fue el resumen de Mesa 33. Encuentra el panel completo aquí:
