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Un país con un escenario constituyente inconcluso e incierto que no ha encontrado acuerdos en el Congreso. Aquella decisión de reformar la Carta Magna se tomaba con miras a ser la solución a las demandas sociales que se gritaban en las calles hace tres años. Hoy, el balance en materia de delincuencia resalta una disminución de los hechos delictuales con respecto al pasado año y en cuanto a los cambios que se pidieron, el Presidente enfatiza en que aún se deben reconocer las lecciones que dejó el levantamiento.
Por: Catalina Quiroz
La mañana después del 18 de octubre de 2022, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en compañía del General de Carabineros, Enrique Monrás, emitieron un balance en el que dieron a conocer las cifras asociadas a las actividades de alteración del orden público durante la jornada de aniversario del estallido social. En el mismo sentido, el presidente Gabriel Boric se pronunció para condenar los actos de violencia y respaldar a las Fuerzas de Orden y Seguridad que se encargaron de controlar los eventos de violencia a lo largo del país. Locatarios de la llamada “zona cero” y de comunas como Puente Alto, alzaron sus voces contra los saqueos. En este tercer aniversario de la revuelta social, las voces de las demandas sociales se mezclaron con las de aquellos que pedían un alto a la delincuencia.
Los números arrojaron un total de 195 detenidos, 150 eventos de desorden, 15 saqueos, además de 24 carabineros y 18 civiles heridos. No hubo víctimas fatales. Las autoridades presentaron un balance claro y concreto en materia de seguridad. Sin embargo, el balance de la resolución de las demandas de aquel Chile lleno de malestar que se levantó en 2019, es más complejo que eso.
Luis Oro, académico con Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, analiza la situación de este estallido y comenta que “el remedio paliativo de los problemas que afectan a la sociedad pasa por algo impopular y que disgusta, ya que supone aplicar la coerción estatal, el uso de la fuerza pública”. Sin embargo, también señala que hay que buscar las causas del problema, lo que conlleva un proceso más largo que requiere la intervención de varias disciplinas.
En su discurso emitido la mañana del 18 de octubre, el presidente Boric manifestó la necesidad de interpretar lo que pasó en la época del levantamiento social y de reconocer las lecciones que deben sacarse para actuar. Estas palabras las expresó luego de recorrer un camino constitucional que se estancó tras un rechazo de la propuesta elaborada por la Convención, en el plebiscito del 4 de septiembre. Sin olvidar que la posible elaboración de una nueva constitución fue una de las respuestas que el mundo político intentó darle al descontento imperante en 2019.
Considerando los resultados del primer Plebiscito Constitucional y al enlazarlos con datos más recientes (como la última Encuesta de Plaza Pública de Cadem, que muestra que un 68% de la población quiere una nueva constitución), se evidencia que la decisión de cambiar la Carta Magna sigue siendo una demanda social. Actualmente, la discusión sobre este proceso fue trasladada al Congreso, donde los parlamentarios se encuentran en constantes reuniones para acordar los bordes del nuevo texto.
Búsqueda de respuesta a los Derechos Humanos
Por otra parte, hace tres años se relevó el tema de los Derechos Humanos. El uso desmedido de la fuerza durante las manifestaciones relacionadas al estallido social, terminó en numerosas denuncias debido a daños oculares irreversibles, impactos de perdigones y supuestos abusos sexuales, denuncias que terminaron en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Luego de tres años, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDDHH) se encuentra interponiendo una denuncia contra Sergio Micco, ex director del INDH, a quien se le acusa de encubrimiento de delitos de lesa humanidad en el marco del estallido de 2019. Por su parte, Micco, como miembro de la Democracia Cristiana, se encuentra entrampando la decisión de la próxima presidencia de la Cámara debido a las acusaciones en su contra, lo que ha llevado nuevamente las discusiones al terreno político.
Por otra parte, la senadora Fabiola Campillai, obtuvo la justicia que buscaba tras la condena a 12 años de presidio para Carlos Maturana, ex capitán de Carabineros, que le arrojó una bomba lacrimógena en el rostro durante el estallido social. Campillai señaló: «Mi caso abre las puertas para todos quienes fueron víctimas en el estallido».
El Primer Mandatario señaló en su reciente discurso conmemorativo que “el estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, una pura ola de delincuencia, fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad, que la política de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuesta”. Aquella respuesta es la que se sigue buscando en la arena política nacional.
