Por María Francisca Sáez
Con información de Karina López y Joaquín Troncoso
Cuatro meses de embarazo tenía Carelis Mareiro cuando llegó a Chile hace un año, escapando de la crisis en su país natal, Venezuela. Los restantes cinco meses de embarazo los vivió en Chile. Carelis recuerda esos cinco meses de buena manera, ya que recibió todas las atenciones de salud necesaria a través de la red de Centros de Salud Familiar (CESFAM).
Esta no es la realidad por la que pasan todos los migrantes que llegan a Chile. Carelis es sólo una de los más de un millón de migrantes internacionales que residen en el país, quienes representan el 5,5% de la población. Pese a que a cada uno de ellos se les asegura el acceso a la salud, al menos primaria; no todos han tenido buenas experiencias.
Migrantes irregulares: desconocimiento y temor
Uno de los grupos más vulnerable de migrantes son aquellos que residen de manera irregular en el país. En materia de salud no hay excepción. Pese a que el Decreto 67 del Ministerio de Salud explicita que aquellas personas que se encuentran sin documentos o permisos de residencia, pueden acceder de todas formas al Régimen de Prestaciones de Salud; el temor y el desconocimiento se interponen como una barrera de acceso para este grupo.
Según cifras del gobierno al menos 300 mil migrantes se encuentran de manera irregular en el país. Y pese a que a estos se les asegura la atención primaria, pues el no poseer un RUN no es impedimento para acceder a FONASA y ser atendido en los centros de salud primaria, servicios de urgencias, postas y hospitales públicos (se excluyen clínicas, centros médicos, laboratorios y consultas médicas privadas); muchos deciden no atenderse.
Entre las razones se encuentra el temor provocado por la «percepción de los funcionarios de salud quienes, al elaborar su propio sistema de representaciones, los ven como una carga para el sistema» (Estudio de Salud Colectiva, 2017). El temor a la denuncia de su irregularidad y a posteriores represalias es una causa de distanciamiento del sistema de salud.
Jóvenes: no se consideran población bajo riesgo
Pese a los temores que pueden tener personas en situación irregular, es importante enfatizar que actualmente la atención a la persona migrante, independiente de su regularidad en el país, en buena medida está garantizada por la ley. Pero entonces ¿qué otros conflictos existen? que se da acceso a la salud en situaciones de atención primaria, es decir a personas con mayores riesgos de salud. Esta situación es contradictoria con la realidad de la mayor parte de los migrantes, jóvenes de entre 20 y 39 años, que no son considerados población con riesgos. Este grupo, que según información del INE, representan cerca del 60% de la población migrante internacional suele quedar fuera de la atención primaria.
Barreras culturales
Las diferencias culturales se transforman en un conflicto, ya que existen ciertas conductas arraigadas en la cultura que pueden ser perjudiciales para la salud. El trato del personal de salud sobre estas costumbres, afecta en la experiencia de acceso a la salud de la población migrante.
Geraldine González, estudiante de enfermería de la Universidad Católica nos cuenta que uno de los mayores temores que existen en la atención primaria es seguir marginalizando a la población migrante:»Tratas de validar su punto de vista, decirles que no está mal, porque es parte de su cultura; pero es relevante explicarles las situaciones de riesgo por las que pueden pasar».
Derecho a la salud
Hector Fuenzalida, jefe de la División de Gestión Red Asistencial del Ministerio de Salud, explica que para evitar marginalizar a la población migrante es relevante informar sobre sus derechos y sobre el acceso a las redes asistenciales de salud. Fuenzalida llama a la población migrante internacional a acercarse a los centros de salud primaria para conocer la manera de proceder y acceder a la salud en el sistema público.