En este aniversario del 18-O, mientras algunos manifestantes celebran avances, otro importante grupo se encuentra bajo prisión preventiva esperando un juicio que los amenaza con hasta 25 años de cárcel. ¿Hay presos políticos en Chile? ¿Qué está pasando con los detenidos del estallido social? ¿Cómo ha sido el proceso de los familiares y amigos por lograr la libertad de sus seres queridos?
Por Valentina Honig y Catalina García
No es usual que un día de semana, en Plaza Brasil, un importante grupo de personas se reúna por la mañana. No es usual que lleven carteles en el torso y se ordenen en filas, con el rostro contraído por el sol.
Este es el sexto día de ayunas que lleva la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP) en la Escuela de Composición de la Academia de Humanismo Cristiano, ubicada en la esquina de Huérfanos con Maturana. El motivo de la movilización es el mismo que llevan por casi un año: la liberación de todos aquellos detenidos en contexto del estallido social y que hasta el día de hoy se mantienen en prisión preventiva.
De acuerdo a las cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), el 17% de los detenidos por delitos durante el estallido social se encuentra en prisión preventiva. Los datos oficiales del Ministerio del Interior, en tanto, listan en 232 las personas detenidas en este mismo marco.
Dentro de ese número de privados de libertad se encuentran Cristián y Rodrigo Sanhueza, pareja y cuñado respectivamente de Muriel Torres. Ambos se mantienen en prisión preventiva en la Cárcel Santiago 1 acusados de fabricar armamento incendiario.
En búsqueda de una solución y la pronta salida de sus seres queridos del recinto penitenciario, Torres se unió a otros familiares que conforman la OFAPP.
“Nosotros tenemos compañía de abogados y además contamos con médicos, psicólogos y con ellos hemos ido trabajando con las familias nuevas e integrándolas a este mundo”, explica Muriel sobre la organización.
Dentro de esta nómina de privados de libertad se encuentra Mauricio Cheuque, detenido el 14 de noviembre del año pasado en la Población La Victoria acusado de atacar con bombas molotov la tenencia policial de ese lugar. Su esposa, Jocelyn Barrera, narra cómo ha cambiado su vida desde aquel episodio.
