En este aniversario, mientras algunos manifestantes celebran avances, otro importante grupo se encuentra bajo prisión preventiva esperando un juicio que los amenaza con hasta 25 años de cárcel. ¿Hay presos políticos en Chile? ¿Qué está pasando con los detenidos en el marco del estallido social? ¿Cómo ha sido el proceso de los familiares y amigos por lograr la libertad de sus seres queridos?
Por Valentina Honig y Catalina García
No es usual que un día de semana, en Plaza Brasil, un importante grupo de personas se reúna por la mañana. No es usual que lleven carteles en el torso y se ordenen en filas, con el rostro contraído por el sol.
Este es el sexto día de ayunas que lleva la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP) en la Escuela de Composición de la Academia de Humanismo Cristiano, ubicada en la esquina de Huérfanos con Maturana. El motivo de la movilización es el mismo que llevan por casi un año: la liberación de todos aquellos detenidos en contexto del estallido social y que hasta el día de hoy se mantienen en prisión preventiva.
Frontis de la Academia de Humanismo Cristiano / Foto: Catalina García
De acuerdo a las cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), el 17% de los detenidos por delitos durante el estallido social se encuentra en prisión preventiva. Los datos oficiales del Ministerio del Interior listan en 232 las personas detenidas en este mismo marco.
Dentro de ese número de privados de libertad se encuentran Cristián y Rodrigo Sanhueza, pareja y cuñado respectivamente de Muriel Torres. Ambos se mantienen en prisión preventiva en la Cárcel Santiago 1 acusados de fabricar armamento incendiario.
En búsqueda de una solución y la pronta salida de sus seres queridos del recinto penitenciario, Torres se unió a otros familiares que conforman la OFAPP.
Interior del ayuno por los presos del estallido social. En la foto, imágenes de algunos de los detenidos / Foto: Catalina García
“Nosotros tenemos compañía de abogados y además contamos con médicos, psicólogos y con ellos hemos ido trabajando con las familias nuevas e integrándolas a este mundo”, explica Muriel sobre la organización.
Dentro de esta nómina de privados de libertad se encuentra Mauricio Cheuque, detenido el 14 de noviembre del año pasado en la Población La Victoria acusado de atacar con bombas molotov la tenencia policial de ese lugar. Su esposa, Jocelyn Barrera, narra cómo ha cambiado su vida desde aquel episodio.
El Indulto
El pasado 28 de octubre la bancada de diputados de Convergencia Social presentó un proyecto de indulto para las personas que se mantienen en prisión desde las manifestaciones sociales del año pasado.
La iniciativa contempla la conformación de una comisión que trabaje en un indulto general para los condenados; la orden del presidente Sebastián Piñera al Ministerio del Interior de desistir en las querellas por Ley de Seguridad del Estado; y la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, solicitando su reemplazo por una menos gravosa.
Pero el gobierno, a través de una vocería realizada por Jaime Bellolio, descartó cualquier intención de atender esta solicitud.
Mientras diputados de oposición y el gobierno mantienen roces por este tema, las manifestaciones por la liberación de los presos del estallido social se agudizan y toman lugar ya no en Plaza Italia, sino que en las cercanías del Palacio de la Moneda, lo que ha intensificado los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros.
Por su parte, la OFAP continúa pendiente de los próximos juicios de los detenidos, teniendo en la mira el de Ibrahim Acevedo, a realizarse este viernes cuatro de diciembre.
Si bien en Chile no existen presos políticos reconocidos por la autoridad, lo que tenemos hoy es un desencuentro por el uso de la prisión preventiva como medida cautelar para los delitos dados durante el periodo conocido como estallido social.
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