Fotografía de Ministerio de Relaciones Exteriores, vía X
La incorporación de Chile a la iniciativa impulsada por Estados Unidos abrió un debate sobre sus alcances. Aunque el Gobierno la presenta como una declaración política y voluntaria para combatir el crimen organizado, el documento también aborda inversiones, minerales críticos y seguridad.
Por Clarita Díaz
El 22 de septiembre, Chile dejó su calidad de observador y adhirió al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico. La decisión, tomada durante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, que rápidamente generó cuestionamientos en Chile, principalmente por el alcance que tendría la adhesión y por las materias que aborda el documento.
La controversia fue tal, que llegó al Congreso. El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó que el Gobierno presentara la iniciativa como una herramienta de cooperación contra el crimen organizado, mientras que el texto contempla además materias económicas y de coordinación política. Venegas impulsó la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien fue citado este lunes a la Cámara para responder por los alcances de la adhesión, en la primera interpelación que enfrenta un ministro de Relaciones Exteriores.
Durante la instancia, Pérez Mackenna defendió la adhesión y aseguró en que “Chile no se obliga a nada”, argumentando que se trata de una declaración política y no de un tratado internacional. También sostuvo que no hubo una firma formal del documento y que, por lo tanto, no existen obligaciones jurídicas vinculantes para el país.
Para el excanciller José Miguel Insulza, sin embargo la discusión va mucho más allá del combate al narcotráfico. Insulza cuestionó la decisión de adherir al Escudo de las Américas y sostuvo que el documento incorpora materias comerciales, de inversión y políticas que podrían dar a Estados Unidos un rol en decisiones que corresponden a los países de la región. “Yo soy contrario completamente a la decisión de adherir al Escudo de las Américas”, afirmó. Según explicó, el texto no se limita a la cooperación en seguridad, sino que también contempla una participación en decisiones relacionadas con el comercio, las inversiones y asuntos políticos de la región, lo que a su juicio, plantea un desafío para la autonomía de Chile.
Un documento que va más allá de la seguridad
La declaración conjunta establece tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral. En el ámbito económico, los países declaran su intención de fortalecer la cooperación, explorar mecanismos de control de inversiones y proteger las cadenas de suministro de minerales críticos.
En seguridad, el documento plantea ampliar el intercambio de información e inteligencia, coordinar sanciones y acciones financieras contra organizaciones consideradas narcoterroristas y fortalecer la cooperación entre los países. Además, contempla promover una iniciativa ante la Organización de Estados Americanos en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Entonces, ¿Es un tratado?
Una de las principales discusiones está en su naturaleza jurídica. La diferencia es importante: un tratado internacional genera obligaciones jurídicas para los Estados que lo suscriben y en Chile, los tratados deben seguir un procedimiento que contempla la aprobación del Congreso. Una declaración política, en cambio, puede expresar compromisos o intenciones sin generar ese mismo tipo de obligación jurídica.
El abogado y docente de Derecho Internacional Público de la UC Sebastián Rioseco explica que por su naturaleza actual, el Escudo de las Américas no sería un tratado, precisamente porque el texto no establece obligaciones jurídicamente exigibles para Chile. Se trataría de una declaración entre jefes de gobierno que manifiesta la intención de desarrollar acciones conjuntas. Sin embargo, que no sea jurídicamente vinculante no significa que carezca de importancia. Para Rioseco, existe una dimensión política que no puede ignorarse, especialmente por la visión geopolítica que Estados Unidos está impulsando en la región. “Es razonable que surjan dudas sobre el instrumento, porque la discusión no se agota en lo jurídico”, comenta Rioseco.
Por ahora, el Gobierno sostiene que Chile mantiene plena autonomía para tomar sus propias decisiones y que la adhesión no implica una participación automática en operaciones militares. La oposición, ha cuestionado hasta dónde llegan realmente los compromisos asumidos por Chile. El diputado socialista Nelson Venegas llevó estos cuestionamientos al Congreso mediante la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, mientras que otros parlamentarios recurrieron a la Contraloría para que el Presidente José Antonio Kast se pronuncie sobre el alcance y la legalidad de la adhesión.
Así, aunque el Gobierno insiste en que se trata de un acuerdo de cooperación y no de un tratado internacional, el debate sigue abierto sobre qué compromisos políticos implica para Chile y cuáles podrían ser sus efectos a futuro.
