Entre el 13 y 17 de mayo se celebró en Basilea, Suiza, la 69ª edición del Festival de la Canción de Eurovision, el concurso musical más importante del continente. Como todos los años, compitieron artistas de distintos países con canciones originales, pero este año en especial, hubo controversia con la política que involucra. 

Eurovision es un certamen musical organizado anualmente por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) desde 1956. Este año participaron más de 35 países, tanto de la Unión Europea como de fuera, como Australia e Israel. Cada país miembro tiene un representante que muestra una canción original en el escenario. Con entre 200 y 600 millones de espectadores cada año, este festival es el más grande en términos de audiencia del mundo. Con los años, se ha convertido en una celebración de la diversidad cultural, la creatividad artística y, cada vez más, un reflejo de los debates sociales y políticos en Europa.

Los ganadores del concurso se eligen por un sistema de votos. Este sistema combina un jurado profesional en cada país, compuesto por músicos y expertos del sector y un «televoto» del público. Este consiste en que cada espectador puede votar desde sus teléfonos o plataformas digitales (también desde fuera de Europa, como parte del “resto del mundo”). Este sistema busca equilibrar los criterios artísticos con el gusto popular, aunque este año, lo último ha generado controversia.

Una de las polémicas más intensas del concurso de este año fue la participación de Israel, representado por Yuval Raphael con la canción «New Day Will Rise». Aunque obtuvo el segundo lugar con una gran cantidad de votos del público (297 puntos), varios países y medios cuestionaron la legitimidad del televoto israelí. Resulta que, varios usuarios en redes sociales revelaron que se podían emitir múltiples votos usando diferentes tarjetas de crédito y que no había ningún sistema de verificación. Esto llevó a la televisión pública española (RTVE) y la cadena belga VRT a exigir a la UER una revisión del sistema de votación.

Además, la presencia de Israel desató protestas en Basilea y otras ciudades europeas, debido al conflicto en Gaza. Más de 70 exconcursantes y artistas europeos firmaron una carta abierta pidiendo su descalificación, acusando a la delegación israelí de usar el concurso como plataforma de propaganda política. El reglamento de Eurovision prohíbe expresamente cualquier contenido político o propagandístico. Sin embargo, el evento se ha convertido, inevitablemente, en una muestra internacional de la realidad europea. Desde votaciones influenciadas por alianzas geopolíticas hasta mensajes de derechos humanos y protestas por conflictos armados, la política se filtra año tras año en el escenario, y cada vez más.

Este 2025, la situación con Israel ha reabierto el debate: ¿puede Eurovision seguir considerándose un concurso apolítico cuando el contexto global pesa tanto sobre cada actuación? La UER se enfrenta ahora a una fuerte presión para redefinir sus reglas y proteger la integridad del certamen.