Los persecutores negaron la existencia de persecución política. Por su parte, el Senado mantiene su postura contra el Ministerio Público y, a través de un oficio, reiteraron que no entregarán la información solicitada.
Jorge Abbott y el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, rechazaron las críticas que hizo Alejandro Guillier, candidato presidencial de la Nueva Mayoría, contra el Ministerio Público, luego de que éste solicitara al Senado su lista de asesorías financiadas con dinero fiscal.
El senador por Antofagasta hizo un llamado al fiscal Abbott a que revise las cifras de las que habló. Además, acusó a los fiscales de dar prioridad a los casos de mayor connotación social, recordando que sólo una minoría de las denuncias por delitos de robo a la propiedad son esclarecidas.
El fiscal Guerra desestimó que fuese una persecución a los parlamentarios, argumentando que sólo están realizando una investigación respecto de las asesorías para encontrar potenciales delitos. Por su parte, Jorge Abbott negó que los persecutores recibieran incentivos monetarios para enfocarse en casos de alta connotación pública en desmedro de otros más cotidianos, respondiendo así a los dichos del candidato
Las razones de la investigación
Los informes solicitados por Alejandro Guillier que incluían información copiada y pegada de la página web del Senado, por los cuales pagó diecinueve millones de pesos con dinero fiscal, gatillaron que la Fiscalía pidiera a los legisladores entregar la lista de todas las asesorías contratadas por los representantes de la cámara que se financiaron de la misma manera. Sin embargo, hoy no existe un conducto legal que obligue al Congreso a declarar este tipo de gastos.
Esta tarde, la Cámara Alta publicó un oficio, en el que rechaza la solicitud de la Fiscalía, negándole el acceso a asesorías externas prestadas a los legisladores. Según el documento firmado por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, la petición del Ministerio Público es «absolutamente desproporcionada, excede ampliamente las facultades y potestades de quien ejerce la persecución penal». Por lo tanto, por ahora sólo podrá ampliarse la investigación a aquellos parlamentarios que accedan voluntariamente a entregar la información.
