El 26 de abril entra en vigencia la ley 21.561, más conocida como la ley de las 40 horas semanales. El gobierno dio a conocer medidas de apoyo para los trabajadores mientras esta ley entra en vigencia. Si bien algunos empleadores están de acuerdo con esta reforma, otros plantean algunas dudas.
El principal objetivo de esta ley es reducir las horas semanales laborales a los trabajadores de manera obligatoria. De esta forma, se deberán minimizar de 45 horas a 44 gradualmente hasta llegar a las 40. El gobierno planea que para el 2026 estén en las 42 horas.
No obstante, hay una serie de medidas y detalles que deben hacerse antes de efectivamente emplearla: por ejemplo, la ley pide que los trabajadores deben llegar a un acuerdo con su empleador al minuto de comenzar a reducir las horas a través de organizaciones sindicales. Sin embargo, no todos los trabajadores están con contrato bajo el Código de Trabajo, el cual es clave para hacer funcionar esta ley. Pymes se estarían viendo afectadas y les estaría generando aprensiones.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, dice que estas no se deberían preocupar ya que siempre habían estado consideradas en esta nueva ley:
Por otro lado, una interrogante que surge es cómo se va a desarrollar en relación a los roles de los trabajadores, por ejemplo, gerentes, administradores y todos aquellos que tienen cargos más altos. Esto, ya que la ley señala que se resuelve entre empleado y empleador, dando espacio para la duda de si habrá sanciones respecto al poder de decisión.
Otra duda que también surgió por parte de los trabajadores es cómo actuará esta ley respecto al horario de almuerzo «o de colación», ya que se había planteado sumarle 12 minutos. El director del Trabajo, Pablo Zenteno, declaró que otras fórmulas para implementar la ley no eran admisibles, ya que esta era clara respecto a lo que sostenía. Una hora por año. Explicó que los sindicatos deberán adecuarse a lo que dice la ley, y que esta terminaría siendo beneficiosa para los trabajadores, ya que disminuye las horas y no sanciona remuneraciones.
Mientras sigue y seguirán surgiendo dudas respecto a cómo se implementará esta ley definitivamente, la real interrogante recae en si el sistema chileno funcionará ante estos cambios radicales.
