El pasado lunes 15 de junio, BioBío Investiga publicó el artículo “Niños haitianos sin rastro en Chile: informe revela fallas graves y vuelos sospechosos autorizados”. En el reportaje se hace referencia a un documento reservado de Contraloría que señalaba haber identificado un patrón común de ingreso masivo de niños haitianos a Chile bajo la figura de “reunificación familiar” en condiciones deficientemente controladas.
En el informe compartido por BíoBío, se destaca que: “Se detectó que adultos acompañantes no tenían su relación verificada, con casos de personas a cargo de múltiples menores en distintos vuelos sin validar el vínculo. Se constató descoordinación institucional y desaparición de niños que ingresaron sin poder ser ubicados en los domicilios declarados”.
El reportaje cierra señalando que: “Este escenario plantea un riesgo evidente, con indicios que sugieren la posibilidad de facilitación migratoria o tráfico de menores, lo que urge una investigación penal”
Ese mismo día, 15 de junio, el Servicio Nacional de Migraciones, presentó una denuncia penal ante la fiscalía regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025. La noticia publicada en el sitio web serviciomigraciones.cl se tituló: “SERMIG denuncia posible tráfico de menores haitianos”.
La denuncia firmada por el actual director del servicio, Frank Sauerbaum, indicaba que, tras fiscalizaciones realizadas de manera conjunta entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones, se pudo identificar al menos a 12 adultos, tanto extranjeros como chilenos, que ingresaron reiteradamente al país como supuestos responsables de grupos de entre dos y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos.
El Servicio Nacional de Migraciones solicitó a la Fiscalía realizar las diligencias investigativas que fueran necesarias para determinar la existencia de eventuales delitos y establecer las responsabilidades correspondientes, ya sea de personas involucradas, aerolíneas o agencias de viaje.
El pre informe reservado de la Contraloría General de la República, que se elaboró tras denuncias y presentaciones formales, identificó un patrón común y que apuntaba al ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de “reunificación familiar”, en condiciones que el propio órgano fiscalizador calificó como deficientemente controladas.
Los documentos confidenciales establecieron que durante el 2025, cientos de menores ingresaron al país acompañados por adultos cuya relación “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”. En terreno, la investigación de la Contraloría no lograba ubicar a parte de los niños que el Estado había autorizado a ingresar.
El miércoles 17 de junio el presidente José Antonio Kast, encabezó una reunión extraordinaria con su gabinete, para abordar la crisis, en donde estuvo presente el director del SERMIG, Frank Sauerbaum; el Ministro de Seguridad, Martin Arrau; el subsecretario de Justicia, Luis Silva y la ministra de Desarrollo social y familia, María Jesús Wulf—a quien se le encomendó la coordinación de los ministerios y servicios—.
El jueves 18 se concretó una reunión en La Moneda en donde los tres poderes del Estado fueron convocados para abordar coordinadamente la crisis. A la reunión asistieron la presidenta de la Corte Suprema Gloria Chevesich; y del Senado, Paulina Núñez; el primer vicepresidente de la Cámara, Felipe Camaño; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subcontralor, Víctor Merino; y los ministros Fernando Barros, Fernando Rabat, Francisco Pérez Mackenna, Martín Arrau, Claudio Alvarado y María Jesús Wulf, entre o otras autoridades como el director de la PDI, Eduardo Cerna.
Comienzan a aparecer los niños
Ese mismo día jueves en la comuna de Graneros y Estación Central comienzan a ser ubicados los primeros niños referidos en el informe y se confirma que todos estaban escolarizados e inscritos en los CESFAM de la comuna, lo que permitió identificarlos y ubicarlos.
Después de Graneros, se pronunció Temuco. En una actualización entregada por el alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, el municipio informó que ya suman 32 los niños, niñas y adolescentes haitianos ubicados en la comuna. El alcalde precisó que de los seis restantes por localizar, dos ya no se encuentran en Temuco. Uno se trasladó a Santiago y otro a Nueva Imperial, por lo que se derivarán los antecedentes a las respectivas administraciones comunales.
José Arellano, alcalde de la comuna de Romeral, también anunció que en su comuna se hallaron seis niños, correspondientes a los registros que tenía la Defensoría de la Niñez, y que algunos de estos habían estado “encerrados y sin supervisión de un adulto responsable”, por lo que comprometió realizar la denuncia correspondiente por maltrato.
Finalmente, las autoridades ratificaron que la totalidad de los menores se encuentra en una situación migratoria regular, habiendo ingresado a Chile bajo la modalidad de Visa de reunificación familiar.
Otras medidas
El Servicio Nacional de Migraciones solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspender las autorizaciones de vuelos a tres empresas que fueron mencionadas en el informe de contraloría: Aerojet S.A. Aruba Airlines y Galistair.
Luis Thayer, ex director del SERMIG, llegó hasta el Congreso para participar de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, para dar explicaciones respecto de los procesos de reunificación que se realizaron durante su mandato.
El miércoles 24 de junio, la Contraloría emitió el informe final en donde estableció entre otras cosas, que el memorándum enviado por Luis Thayer no se ajustaba a derecho, ya que este no contaba con las atribuciones para flexibilizar trámites migratorios que están regulados por ley. El informe de Contraloría también señala que el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no actuaron coordinadamente para lograr la trazabilidad de los menores que ingresan al país en el marco de reunificación familiar.
Además indica que durante los años 2024 y 2025 hubo 12 personas extranjeras que presentan de manera habitual ingresos al país como adultos responsables de numerosos menores. Adicionalmente 19 personas de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile como turistas entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2025 se encontrarían en situación irregular en el país.
El jueves 25 de junio, la investigación dio un nuevo giro cuando la PDI detuvo a dos ciudadanos haitianos, entre ellos Jean Chery Dormeus, acusado de integrar una asociación criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y la facilitación del ingreso irregular de personas al país. Según la Fiscalía, la organización habría operado mediante agencias de viaje y cobrado millonarias sumas por gestionar traslados bajo la apariencia de procesos de reunificación familiar.
A esto se sumó una nueva revelación de BioBio Investiga, donde se plantea que Dormeus también presidía la Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile, una ONG que entre 2021 y 2024 recibió más de $50 millones de pesos en aportes del Gobierno Regional Metropolitano y del Ministerio del Interior para proyectos de integración y enseñanza del español a migrantes haitianos. Los recursos fueron adjudicados durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric. La investigación ahora busca determinar si existe alguna relación entre esos fondos y la red que es investigada por la Fiscalía.
Reacciones de la comunidad haitiana
La comunidad haitiana residente en Chile asegura que también enfrenta otra consecuencia: la estigmatización. Su principal vocero, William Perrie, sostiene que cualquier irregularidad debe ser investigada y sancionada, pero insiste en que eso no puede transformarse en una condena para toda la comunidad haitiana.
Perrie afirma que el problema ha sido la forma en que se instaló el caso en la opinión pública. Según explica, muchas familias nunca denunciaron la desaparición de sus hijos y aun así comenzaron a recibir llamados, visitas y fiscalizaciones luego de que los menores aparecieran en listados elaborados por el Estado.
Una preocupación que también comparte la trabajadora social y activista por los derechos migrantes, Michel-Ange Joseph, directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS). A su juicio, el origen de la crisis estuvo en la difusión del preinforme de Contraloría y en la forma en que se interpretaron sus antecedentes. Ange Joseph, sostiene que esa cobertura provocó un fuerte impacto dentro de la comunidad, afirmando que muchas personas comenzaron a sentir temor de acudir a hospitales, iglesias o incluso salir de sus casas por miedo a ser asociadas con una investigación que aún continúa en desarrollo.
El pastor haitiano Jean Enock Joseph también planteó que parte de las dificultades para ubicar a algunos menores podría explicarse porque varias familias abandonaron posteriormente Chile junto a sus hijos, situación que no siempre quedó registrada en los sistemas administrativos.
En paralelo, integrantes de la comunidad también han buscado explicar uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación: los niños que ingresaban acompañados por adultos que no eran sus padres.
Según relatan, debido a la crisis que vive Haití, la inexistencia de vuelos comerciales directos y las dificultades para obtener escalas en otros países, muchas familias autorizan legalmente a un adulto para acompañar a varios menores durante el viaje hasta Chile, donde luego son recibidos por sus padres o familiares.
Pese a ello, el vocero William Perrie reconoce que, si durante la investigación se comprueba que hubo falsificación de documentos o corrupción, los responsables deberán enfrentar a la justicia, pero insiste en que, hasta ahora, la comunidad siente que ha debido cargar con sospechas generalizadas.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes para establecer si existieron delitos en los procesos de reunificación familiar y determinar eventuales responsabilidades. En paralelo, la comunidad haitiana asegura que seguirá colaborando con las autoridades, pero espera que la investigación permita esclarecer los hechos sin extender las sospechas sobre miles de familias que, afirman, no tienen ninguna relación con las irregularidades que hoy indaga la justicia.
