Imagen: Reporte GEM UNESCO
En su primera cuenta pública el Presidente Boric se refirió a la inclusión y a la discapacidad como temas en que el Estado está al debe. Esto es evidente en un país donde el 17% de las personas cuenta con algún tipo de discapacidad, pero donde solo 1 de cada 10 termina el colegio, en un sistema altamente segregado. Ante el énfasis que existe en herramientas de medición como el SIMCE surge la pregunta: ¿es posible medir de una manera inclusiva?
Por: Ana Valenzuela
En Chile, los colegios privados pueden seleccionar libremente a sus estudiantes, y aquellos que deciden tener proyectos inclusivos pueden traspasar el costo de estos a los bolsillos de los padres y apoderados. Además, el problema de la inclusión se desborda también a los colegios particulares subvencionados y a los públicos, ya que cada colegio debe postular al PIE (Programa de Integración Escolar), que permite disponer recursos para profesionales especialistas y que funciona con un número de cupos por sala, aunque este es un programa que no alcanza a ser universal. De esta manera, el derecho a la educación en Chile es frecuentemente vulnerado cuando hablamos de discapacidad.
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Para Claudia Aldana, periodista de reconocida trayectoria que enfocó su carrera en el activismo por la inclusión tras la llegada de su hija Fátima, el ingreso y la permanencia de su hija en el aula ha sido un obstáculo constante. Al año de nacida, cuando comenzó a buscar un proyecto educativo inclusivo, se encontró con muchas puertas cerradas. Los colegios respondían que lo sentían mucho, pero que tenían ocho años de espera. “Anótame en la lista”, respondía Claudia, hasta que descubrió el truco que muchas mamás de niños con discapacidad ocupan: inscribir primero a su hija mayor, y lograr un cupo extra de esa manera. Pero incluso tener un cupo no asegura nada.
“Cuando la Fátima llevaba dos semanas de clases, la profesora me llamó para decirme que iban a acortarle la jornada de las 8.30 a las 12.”, recuerda Claudia. “Me dijo que no podía estar todo el día, porque tenía Síndrome de Down”.
El decreto 83 del año 2015 sobre diversificación de la enseñanza estableció criterios y orientaciones para los llamados estudiantes con necesidades educativas especiales en educación parvularia y básica. Este decreto apuntaba a subsanar las barreras de acceso, como también realizar las adecuaciones curriculares que fueran necesarias para el aprendizaje de cada estudiante. Uno de sus grandes avances fue materializar la entrega de un certificado de estudios al completar la enseñanza básica obligatoria, que hasta ese entonces no existía para las escuelas diferenciales. Pero todavía hay muchos asuntos pendientes, como menciona Ana María Moya, docente hace 36 años en la Escuela Diferencial Santa Teresa de Ávila de la comuna de Recoleta. “Nosotros nunca hemos tenido libros adecuados desde el ministerio para nuestros niños, como tienen las escuelas básicas y medias.”, se lamenta Ana María. “Lo que tenemos es un decreto, y ustedes verán cómo se las arreglan con eso”.
Ahora que el Presidente Boric se refirió a la inclusión y a la discapacidad como temas en que el Estado está al debe, Claudia y Carlos se sienten optimistas. Ven con buenos ojos los avances realizados en el proyecto de la Nueva Constitución, que codifica los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 6. Aunque esperan también por el día en que el enfoque deje de estar en la inclusión. “El concepto que me gusta es pertenencia. Nadie tiene que incluirme o integrarme, porque yo ya pertenezco, solo por existir”, declara Carlos.
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