Imagen: @yoquierovotar_2020 |
En medio de la emergencia sanitaria son 2.234 los estudiantes que, de acuerdo a la organización «Yo quiero votar» no podrán ejercer su derecho al encontrarse en regiones distintas a los de centros en los que les corresponde sufragar. Sin embargo, según Carolina Cataldo, líder del movimiento: «hay gente que igual va a ir a pesar de la pandemia».
Por Carlos Cid Vidal |
Es un octubre distinto, Matías Vidal mira por la ventana de su dormitorio y ve los cerros cubiertos de nieve aún, un paisaje verde muy diferente al de Santiago donde solo veía edificios grises. Producto de la emergencia sanitaria y la cancelación de clases, el estudiante de 20 años tuvo que regresar en marzo a su ciudad natal, Coyhaique, quedándose sin la posibilidad de votar el próximo 25 de octubre.
Según datos del Servicio Electoral, son 14.855.719 de personas las que están habilitadas para sufragar en el referéndum. Sin embargo, a partir de un catastro realizado por la agrupación «Yo quiero votar», solo el 0,015%, de ese número corresponde a universitarios que comparten la situación de Matías Vidal, con kilómetros de distancia de sus centro de votación y sin la posibilidad de viajar producto de los costos, los permisos necesarios para desplazarse, vivir con personas en situación de riesgo, entre otros problemas.
Ante esto, Carolina Cataldo, líder del movimiento, se reunió con diputados como Gabriel Boric (FA), Andrea Parra (PPD), Camila Vallejos (PC) y Catalina Pérez (RD) para analizar la situación y hacer las modificaciones necesarias a la Ley 18.700 que permite el voto postal, sin embargo, la también estudiante Historia en la Universidad de Santiago, señaló en Página 33 que si bien hay buena disposición por parte del legislativo el poco tiempo previo al referéndum les jugó una mala pasada.
Si bien el Servel no tiene relación con las modificaciones a la Ley, fue el poco tiempo lo que generó estragos en la tramitación de permitir el voto por correo para que los más de 2000 estudiantes, sumados a los cerca de 100.000 trabajadores mineros en esta situación pudieran votar. A pesar de esto, Cataldo señala que: «Algunos van a salir de la región de una u otra forma para ejercer su derecho».
Nazarette Vallis está «agradecida» de poder viajar. Arribó a Iquique desde Santiago el 10 de octubre para permanecer aislada dos semanas en su pieza antes de ir a votar. Decidió arriesgarse y pagó $60.000 pesos para viajar. «Para mi era mucho más importante venir (…) y poder votar», comenta.
Si bien la estudiante UC de 21 años tuvo la posibilidad de regresar a la región de Iquique con la intención de votar, de ser aprobada una nueva Constitución, los más de 2000 integrantes de «Yo quiero votar» seguirán presionando al Congreso para que este modifique la Ley 18.700 y, de esta forma, participar de un futuro referéndum.
Revive el capitulo completo de Página 33:
