Imagen: dominga.cl |
Tras la filtración de los Pandora Papers, Sebastián Piñera está en el centro de la polémica debido a que en la investigación se le acusa de haber usado su posición de Presidente de la República para cerrar un negocio millonario. Políticos alzaron la voz contra el proyecto, que ya fue rechazado una vez por no cumplir con los estándares medioambientales necesarios, y buscan formas de sancionar a Piñera.
Por: Sofía Paz Carrasco / Información: Francisco Noguera, José Tomás Asenjo y Sofía Carrasco
El domingo 3 de octubre salieron a la luz los denominados Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos financieros, específicamente ligados a paraísos fiscales. Medios como Ciper y Labot fueron los que investigaron sobre la millonaria compraventa del proyecto Dominga, realizada en las Islas Vírgenes Británicas y celebrada entre la familia Piñera y Carlos Alberto Délano. Lo que más ha resonado fue, que una de las condiciones acordadas para que se cumpliera el pago de la última cuota era que no se declarara área protegida la zona donde se emplazaría el proyecto.
#AlertaCIPER Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas ?
?El último pago fue condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión o reserva#PandoraPapers https://t.co/D0ODVpYOQT
— CIPER Chile (@ciper) October 3, 2021
El mundo político se ha visto remecido por esta información, y desde la oposición ya están trabajando en una acusación constitucional contra el actual mandatario. En la Cámara de Diputadas y Diputados, Pamela Jiles y Félix González firmaron ya una acusación constitucional contra Piñera por tráfico de influencias. Sin embargo, aún requieren ocho firmas para poder presentarla.
Según la Constitución, se cuenta con hasta seis meses tras el fin del mandato de un presidente para presentar una acusación constitucional. Esto complejizaría la realización de la acusación, ya que el contrato de compra del proyecto minero y portuario se realizó en 2010, por lo que estaría prescrito. El diputado Félix González, afirmó en CNN que dicha posibilidad de prescripción no limitará a que el Congreso ponga en marcha la sanción, que es meramente política y no judicial, pues el tráfico de influencias es un delito serio.
En cuanto al ecosistema y la naturaleza en la zona, hay que recordar que cerca de donde se instalaría esta minera y puerto se encuentra el Archipiélago de Humboldt, donde viven los pingüinos de ese mismo nombre. La abogada ambientalista y representante de las comunidades contra Dominga, Alejandra Donoso, mencionó en conversación con Radio UC que el proyecto no tiene ni tuvo las características necesarias para ser aprobado.
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Donoso señala que Dominga fue rechazada en un principio pues su «estudio de impacto ambiental es deficiente y no alcanza los estándares medioambientales necesarios para ejecutarse». A su vez, la abogada asegura que con la información que tenemos hoy sobre los Pandora Papers, considera más lógico que se haya seguido discutiendo la realización del proyecto, pues no se basaba en el bien común, sino que se movía por los intereses económicos del presidente.
Los miembros de la oposición que están impulsando la acusación constitucional contra Piñera están trabajando junto a abogados y han mencionado que un argumento que plantearán es que, en el actual gobierno, Piñera no declaró área marina protegida la zona donde busca levantarse la minera Dominga. Un segundo motivo remite al llamado del presidente a realizar el Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo, donde se aprobó el proyecto Dominga, mientras aún estaba pendiente una resolución del Tribunal Constitucional sobre el tema.
Si bien, el presidente se defiende y señala que no hay fundamentos para una acusación en su contra, la investigación continuará pues, hay otros ejes abiertos. Uno de ellos es el vínculo familiar entre el Fiscal Jorge Abott y Carlos Alberto Délano, el primero se encargó de determinar abrir o no nuevamente la causa penal por el caso Exalmar Dominga. En dicha investigación se conocía la existencia del contrato en Islas Vírgenes Británicas, pero no fue considerado.
