Nota de la redacción (3 de julio de 2026): Este artículo fue corregido porque su versión original contenía imprecisiones de citas y datos, y no se individualizaba correctamente a ciertas fuentes.
Compartimos la versión actualizada.
Becas Chile se creó en 2008 para financiar estudios de postgrado en prestigiosas universidades fuera del país. El anuncio de la suspensión de algunos programas comenzó como una propuesta de revisión presupuestaria, para luego mutar a una crisis con varias aristas: deudas por rendir, cuestionamiento a las cifras oficiales y tensión entre la oposición y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación .
Qué es Becas Chile y su crisis
Becas Chie se inició en el primer gobierno de Michelle Bachelet para celebrar el Bicentenario de Chile en 2010. La iniciativa corresponde al fondo estatal emblemático administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y su objetivo primordial es financiar programas de magister, doctorado y postdoctorado en el extranjero. Esto implica un compromiso importante: quienes se adjudiquen la beca deben volver al país a retribuir el conocimiento una vez terminados sus estudios.
Sin embargo, el escenario cambió luego de una auditoría interna encargada por la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao. El informe de la auditoría contenía información basada en más de dos millones de datos de becas entregadas entre 2008 y 2025 que llamaron la atención de Hacienda.
En primer lugar, se destapó una alta falta de retorno por parte de los becados, habiendo más de 1800 beneficiarios en tal situación. Al respecto, el Estado calcula que el monto asociado a estos incumplimientos se encuentra entre los US$ 100 y 150 millones. 70% del monto equivale a profesionales que no han acreditado su vuelta.
La investigación también reveló una fuerte concentración socioeconómica entre los beneficiados: más del 50% proviene de la Región Metropolitana, concentrándose en comunas de altos ingresos.
Los problemas se hacen públicos tras filtrarse que la exdirectora de presupuestos, Javiera Martínez, aparece en los registros de la ANID en estado de “incumplimiento”. Al respecto, quienes la rodean indicaron que se debería a un atraso administrativo y que ha trabajado en Chile desde su retorno en 2018.
Qué dijo la ministra Lincolao y el fin de las convocatorias
En marzo de este año, la ministra Lincolao defendió la idea de congelar los programas de magíster y postdoctorado fuera del país para 2026, a raíz del recorte de 3% anunciado para todas las carteras. También aludió a la necesidad de evaluar su impacto socioeconómico real e incorporar variables de movilidad social al análisis.
En respuesta a la ola de críticas del mundo académico, la ministra aclaró sus dichos en el Congreso señalando que “nunca anunciamos que íbamos a cortar las Becas Chile”, sino que seguirán en evaluación técnica junto a las universidades para redirigir los recursos a fortalecer los postgrados nacionales. Al mismo tiempo, descartó medidas severas como el embargo de cuentas a los becarios rezagados y prometió un “cobro digno”.
Investigadores cuestionan cifras del informe
En la declaración pública de la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICh), explicaron: “Lamentamos que un debate de política pública tan relevante para el desarrollo del país sea reducido a una persecución económica y a una etiqueta que criminaliza a quienes el propio Estado seleccionó, formó y proyectó internacionalmente”.
Además, indicaron que el Estado ha reconocido de manera reiterada y documentada, que carece de información para determinar el estado de cumplimiento de las obligaciones de sus becarios previo al año 2013. “Cabe preguntarse sobre qué registro y con qué metodología se construye la estimación de US$150 millones y un rango de incumplimiento del 20% al 30%, cuando las propias instituciones fiscalizadoras han declarado que esa información no existe de manera íntegra. (…) Las fuentes oficiales gubernamentales constatan un incumplimiento de 4%, mientras que la Asesoría Técnica Parlamentaria del Congreso señala un incumplimiento declarado de 1.4%”, señalaron en la declaración.
Con respecto a la retribución de la beca —que se refiere a que los investigadores deben volver a Chile cuando terminan sus estudios—, los investigadores consideran que hay que reformularlo. “Hoy la retribución se reduce a la residencia en Chile, lo que no constituye una retribución efectiva (…) Lo que corresponde no es perseguir, sino reformular la retribución para que sea efectiva, flexible y verificable”.
En esa línea, la presidenta de la SICh, Mary Valdés, señaló: “Asumir que estar físicamente en Chile equivale automáticamente a retribuir al país es una visión que quedó desactualizada”.
Finalmente, el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, también advierte del problema en el diseño del programa, “aquí no estamos sólo frente a un problema administrativo. Hay también un problema de diseño: Chile formó capital humano avanzado, pero no siempre generó las condiciones institucionales, laborales y científicas para que ese talento retornara, se insertará y contribuyera efectivamente al país”.
Último round: la ofensiva de la UDI
A principios de esta semana, la bancada de diputados de la Unión Democrática Independiente (UDI) concertó una serie de medidas ante la situación:
1. Exigieron formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) involucrarse en el proceso y querellarse urgentemente contra los más de 1.800 becados que figuran entre los que no han cumplido con su compromiso. Esto, para forzar la restitución total de los dineros públicos.
2. Diputados de Chile Vamos realizaron un paralelo entre esta situación y las medidas que tomó la Tesorería General de la República (TGR) recientemente para los deudores del CAE con sueldos altos. Enfatizaron que, con mayor razón, se debe perseguir judicialmente a profesionales que tienen postgrados fuera de Chile.
Se espera que próximamente la ministra entregue el informe final de la auditoría, junto con las nuevas propuestas de modificación de las bases concursables frente a la Comisión de Futuro y Ciencias de la Cámara.
