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Con 28 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones, la Cámara Alta despachó a ley el proyecto que prohíbe a las empresas el corte de suministros básicos; agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, gas de red y telefonía, durante el estado de catástrofe por la pandemia.
Por: Sofía Sánchez
El informe, redactado por la comisión mixta, fue aprobado este jueves sin votos en contra. La iniciativa define que solo quienes se encuentren dentro del 60% más vulnerable, sean adultos mayores, estén acogidos a la ley de protección de empleo y reciban prestaciones del seguro de cesantía podrán acceder al beneficio.
Los senadores que se abstuvieron de la votación forman parte del bloque del oficialismo: Carmen Gloria Aravena (Independiente), Juan Antonio Coloma (UDI), Andrés Allamand (RN), Felipe Kast (Evópoli), Ena Von Baer (UDI), Luz Ebensperger (UDI), Iván Moreira (UDI), Victor Pérez (UDI), Kenneth Pugh (Independiente) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI). Los parlamentarios argumentaron que, si bien el proyecto consta de una “buena intención”, podría implicar vicios de constitucionalidad, por lo que cuestionaron la legitimidad de la iniciativa.
El proyecto establece que las deudas contraídas entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los 90 días posteriores a la publicación de la normativa, las empresas y cooperativas de distribución de electricidad, empresas de distribución de gas de red y empresas proveedoras de servicios sanitarios, no tendrán autorización para cortar el suministro por estado de deuda de los clientes. Además, las normas que permiten la aplicación de interés por mora quedarán suspendidos.
La iniciativa contempla a a hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores en riesgo social, bomberos, organizaciones sin fines de lucros, microempresas y hogares de larga estadía de adultos mayores. De esta forma, se busca asegurar que estos centros no sufran las consecuencias derivadas de no poder pagar servicios básicos en medio de la crisis económica producto del Covid-19.
El texto también establece que los clientes de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet podrán solicitar a las empresas proveedores la modificación de las condiciones de su servicio. De esta forma, se busca aplicar un plan básico solidario de conectividad y sin costo por un plazo de tres meses.
