Las materias que no pueden olvidarse

Sillas vacías, cátedras sin un profesor que las dictara y personas que jamás regresaron a casa después de clases. Durante la dictadura, las universidades chilenas se convirtieron en objeto de persecución política por parte de las autoridades militares, siendo escenario de masivas detenciones, asesinatos y desapariciones. A 50 años del golpe de Estado, ¿qué se está haciendo por preservar esa memoria en las casas de estudio? 

Por Camila Barrera B. (@camila.br) 

Edición: Trinidad Riobó (@trinidadriobo) 

En el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al final de la alameda que se extiende desde la entrada del recinto, está el Templo Sagrado Corazón. A su lado izquierdo, entre la gran capilla y la Facultad de Economía y Administración, hay una pequeña plaza circular semienterrada, rodeada de árboles y vegetación. Aún con su ubicación central, no es fácil de encontrar si no se presta atención. De hecho, muchos estudiantes desconocen su existencia. La llamada “Plazoleta de la Paz”, que hace justicia a su nombre con una estrella de cerámica de ocho puntas en su centro y una gran paloma de lata rojiza elevada en el aire, fue inaugurada el pasado 11 de abril en conmemoración de los 60 años de la Encíclica Pacem In Terris. En sus paredes de concreto, se encuentran grabadas frases de figuras como John Lennon y el Dalai Lama con el mismo color del ave metálica. Unos centímetros más abajo, en una placa aparte y de menor tamaño, se pueden leer los 31 nombres de estudiantes, egresados y docentes ejecutados y detenidos desaparecidos en dictadura. 

En Chile, según datos del Museo de la Memoria, existen más de 215 memoriales distribuidos a lo largo del país. Con el paso de los años, las universidades también han sumado espacios de este tipo dentro de sus facultades. Este ha sido el caso del “Memorial por la Dignidad”, en la Universidad de Santiago de Chile (Usach), el monumento estudiantil “No nos han derrotado”, en la Universidad de Tarapacá – Arica (UTA) y otros aún sin nombre, como la placa instalada en 2003 en la Casa Central de la Universidad de Chile, por mencionar algunos.

Sebastián Arancibia (28), licenciado en Sociología y coordinador general del Colectivo de Memoria y DD. HH UC —ahora conocido como Memoria UC—, recuerda sentado en las bancas de concreto de la “Plazoleta por la Paz” el día de su inauguración. El acto contó con la presencia del exministro de Cultura, Jaime de Aguirre, el rector, Ignacio Sánchez, y otras autoridades universitarias. Después de la ceremonia oficial, los familiares de detenidos desaparecidos colocaron 31 claveles rojos entre las placas con los nombres de quienes alguna vez fueron parte de la institución de enseñanza superior.

El ambiente estaba cargado de mucha emoción, pero Sebastián lo recuerda como un momento amargo. “No es suficiente”, dice frustrado. Según su relato, desde Rectoría se dejó al estudiantado completamente fuera del proyecto, la intervención de los claveles quedó relegada e incluso fue el propio colectivo el que tuvo que extender la invitación a las familias. Algunos de ellos optaron por no asistir. “Valoramos el gesto, porque es la primera vez que se les reconoce de manera oficial, pero no es el reconocimiento que nosotros hubiéramos querido. La plaza está diseñada para la encíclica, no para los detenidos desaparecidos. Es la Plaza de la Paz, no la Plaza de la Memoria”, concluye Arancibia. 

De un modo u otro, durante los últimos años, la Universidad Católica no ha querido quedarse atrás en cuanto a reconocer a aquellos que fueron víctimas de la dictadura. Por ejemplo, en la Facultad de Teología y la Facultad de Educación se han instalado placas conmemorativas con los nombres de detenidos desaparecidos. Incluso, en 2013, se llevó a cabo la primera ceremonia de entrega de títulos póstumos por parte de la institución de enseñanza superior, homenajeando a 10 estudiantes ejecutados.

Inauguración Plazoleta de la Paz | Foto: Colectivo de Memoria y DD.HH UC

En el campus Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile, también hay un memorial sin nombre instalado desde el 2003. Es una placa metálica, esta vez apoyada en tres patas cilíndricas que empalman con el suelo de la plaza central. Contiene alrededor de 50 nombres en conmemoración de las víctimas de la dictadura. Hoy, a 20 años de su inauguración, se ha descubierto que faltan al menos 25 nombres más.

El 2017, tras estar años guardada en una bodega por la remodelación del campus, se llevó a cabo la reinauguración de la placa. No hubo aviso desde la universidad y el acto solo contó con la participación de académicos y funcionarios, según recuerda Pamela Fernández (24), licenciada en Historia y cofundadora de la Secretaría de Memoria y DD. HH de la Universidad de Chile. Días después, Pamela se percató de que no solo faltaban nombres, sino que incluso había algunos erróneos. “No me parece una cuestión intencional, pero ocurre que los procesos de memoria van cambiando. Por ejemplo, si nosotros hacemos el memorial hoy día, en 25 años más puede ocurrir que ese memorial ya no represente el momento o falten otros nombres. Eso ya es suficiente para rearmar esa memoria”, aclara Fernández.

Desde ese entonces, la Secretaría de Memoria, con la ayuda de algunos funcionarios de la universidad, ha estado trabajando por un nuevo memorial. A principios de este año, tras un largo proceso que Pamela describe como “un trámite burocrático”, el Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades aprobó hacer un nuevo proyecto de memoria, lo que dio paso a que posteriormente la Vicerrectoría de Extensión lo aprobara a nivel central. Se trata de un grabado con planchas metálicas de 33 metros de largo, con fotografías y relatos inscritos. Fernández explica que el diseño “contempla la esencia misma de quienes fueron ellos, no solo como víctimas”.

Pero Pamela está preocupada por el tiempo que este proyecto está tomando. Ya es un hecho que el memorial no estará listo para este 11 de septiembre, cuando se cumplen 50 años del golpe de estado. “Las madres están muriendo. Magdalena tiene 99 años, cumple 100 en septiembre. Su hijo, Sergio Reyes, no está en la placa. Me duele decirlo, pero no sé cuánto tiempo más va a estar con nosotros y si va a poder ver el memorial cuando se construya”, comenta.

Un repaso por la memoria universitaria en carne propia

Corría el final de la década de los 60 cuando la Reforma Universitaria tomaba fuerza en las principales casas de estudio de nuestro país. El ambiente estaba cargado con las ganas de un profundo cambio promovido por los jóvenes, quienes buscaban instalar en el debate público la necesidad de más autonomía y participación dentro de las universidades.

Ina Córdova (70) recuerda muy bien ese período. Entró a estudiar Pedagogía en inglés en 1970 a la Universidad Técnica del Estado (UTE), hoy Universidad de Santiago de Chile (USACH), solo meses antes de que fuera electo presidente Salvador Allende. Con su cabello largo, una camisa ancha bordada y pantalones patas de elefante típicos de la época, Ina marchaba en plena Alameda junto a sus amigos de izquierda, en medio de un contexto completamente polarizado. “El ambiente era de mucha pelea entre grupos antagónicos. Me involucré mucho. Era imposible no tomar partido, ya fuera por la derecha o la izquierda, no había centros. Yo abracé a las fuerzas del mal y me convertí en una revolucionaria”, recuerda riendo. 

Sin embargo, las cosas rápidamente escalaron de la peor forma posible. El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas llevaron a cabo el golpe de estado. La persecución política y el control militar interfirieron en cada aspecto de la sociedad chilena, y las universidades no fueron la excepción. “La intervención respondía a otra lógica, que tenía que ver con limpiar la universidad y expulsar a los profesores, estudiantes y funcionarios que hubiesen sido partidarios del Gobierno Popular o que pudieran ser una resistencia en contra de la dictadura. Entonces, el rol que jugaron no fue académico, sino que más bien policial”, explica Carla Peñaloza Palma, académica del departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.

Ese mismo martes de septiembre, la Casa Central de la UTE fue bombardeada con artillería de guerra e intervenida por militares, tomando al rector, estudiantes, docentes y funcionarios detenidos para ser interrogados y torturados. Ina, por ese entonces, estaba en su tercer año de universidad, casada y con su primer hijo ya nacido. Ese día se quedó en casa porque su bebé no estaba bien. De haber salido, la historia podría haber sido completamente distinta para ella.

Alejandro Ávalos, quien militaba en el Partido Comunista (PC), no tuvo la misma suerte. Eran aproximadamente las 17:00 horas del 20 de noviembre de 1975 cuando salió de su oficina con una partitura del Mesías de Haendel en sus manos. Trabajaba como docente en el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (P.I.I.E) de la Universidad Católica, la misma institución a la que ingresó a estudiar Pedagogía en inglés en 1964. Como era su costumbre, todas las tardes se dirigía a la casa de su madre, ubicada a menos de un kilómetro de su lugar de trabajo en la comuna de Providencia, para tomar el té. Sin embargo, Alejandro nunca llegó a su destino.

No hubo testigos de su detención y los detalles precisos posteriores aún se desconocen. Lo que sí se sabe con certeza es que Alejandro Ávalos era buscado por la DINA desde principios de noviembre, y que la UC participó en la entrega de sus datos. El 3 de noviembre, dos personas se presentaron en la oficina de rectoría identificándose como agentes de la policía secreta. Buscaban obtener información del profesor Ávalos, puesto que tenían órdenes de detenerlo “sin testigos”, de acuerdo con la declaración judicial de Carlos Bombal, jefe de Gabinete del Rector en esos años. Jorge Swett, rector de la universidad por ese entonces, le ordenó a Bombal “darles toda la información que le requirieran”.

Los restos de Alejandro Ávalos no han sido encontrados aún. Según la subsecretaría de DD.HH, la última actualización de datos publicada en 2022 indica que en Chile 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada. Hasta el día de hoy, 1.162 de esas personas siguen sin identificarse. 

Memorial de la dignidad – Usach | Foto: Corporación solidaria UTE-USACH

A pesar de todo, su hermana, Beatrice Ávalos (88), Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013 y quien también estudió y trabajó como profesora en la Facultad de Educación UC, tiene una visión positiva de la institución. “El rector Sánchez ha hecho un gran esfuerzo por reconvertir la posición de la universidad frente a lo que ocurrió en la dictadura y la desaparición de mi hermano, pero también las federaciones de estudiantes han sido muy fuertes en denunciar lo que ocurrió y eso hay que reconocerlo”, dice. El nombre de Alejandro está incluido en la placa de la Plaza por la Paz junto a los otros detenidos desaparecidos, y Beatrice estuvo presente el día de su inauguración. “Me hace sentir que esa plaza también es mía y hoy me siento mucho más cerca de la Universidad Católica de lo que me sentí después de lo que ocurrió en dictadura”, concluye Ávalos.

Pero no solo los memoriales se han convertido en una forma de recordar para las universidades. En los últimos años, la entrega de títulos póstumos ha ganado fuerza en los centros de educación superior. Bien lo sabe el Colectivo Bugambilia, organización integrada por mujeres de distintas áreas que trabajan de la mano con madres de detenidos desaparecidos. Trabajaron arduamente por lograr la titulación de Luis Mahuida, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y estudiante de la Universidad de Chile desaparecido desde noviembre de 1974. “Es un tremendo gesto de reparación. Lamentablemente solo desde el lado simbólico, porque no tienes el cuerpo, pero por lo menos te queda el consuelo de que vivió y que no es solo una fotografía en el pecho de los familiares”, opina una de las integrantes del colectivo, Daniela Cornejo (37). 

En 2018, la Universidad de Chile entregó 100 títulos póstumos a estudiantes desaparecidos en dictadura. El nombre de Alejandro Parada resonó por los parlantes del Salón de Honor, mientras que su madre, Amanda González (95), caminaba apoyada en el brazo de su nieta para recibir el diploma. En su mano, destacaba el color rojo de un clavel y la foto prendida de su hijo en el lado izquierdo de su pecho. Alejandro estudiaba Medicina Veterinaria cuando fue detenido mientras dormía la madrugada del 30 de julio de 1974, por lo que nunca pudo titularse. “Actos como este ayudan a hacer menos dolorosa la herida del corazón ocasionada por todos aquellos que le quitaron la vida a Alejandro. Este gesto de memoria y reparación, como lo hizo la universidad, debe repetirse a lo largo de todo Chile para así, medianamente, sanar este gran dolor y daño que causaron a nuestro país”, expresó Amanda en su discurso.

Carmen Gloria Parada (68), hermana menor de Alejandro, estuvo presente en la ceremonia al igual que muchos otros miembros de la familia. Cuando se le pregunta si considera que este tipo de iniciativas son suficientes para preservar la memoria de su hermano, Carmen Gloria se toma unos segundos para reflexionar. “Yo creo que sí”, responde suspirando. “Uno querría lo máximo, pero ¿qué más se puede hacer cuando todo sigue avanzando?”.

Familia de Alejandro Parada en la ceremonia de Titulación Póstuma

Recordar para avanzar

“Cuando se trata de situaciones como esta, tan violentas y tan brutales como una dictadura, es difícil saber qué es suficiente”, dice Carla Peñaloza con un tono de tristeza en su voz. Desde el 2012, Peñaloza coordina el Diplomado de Educación, Memoria y Derechos Humanos impartido por la Universidad de Chile junto al Museo de la Memoria, y ha observado de cerca las ganas de aprender de sus alumnos. “A mí lo que me da esperanza son precisamente las generaciones más jóvenes que quieren entender esta parte de nuestra historia, para que esto no vuelva a ocurrir. Sienten que no es un pasado cualquiera, sino que es un pasado que está presente en nuestra vida”, comenta.

Nancy Nicholls, docente del Instituto de Historia UC y quien además ha dedicado su carrera a temas de memoria y derechos humanos, opina que es necesario que las nuevas generaciones sepan sobre esto. “La frase ‘nunca más» está muy bien, pero si no entendemos qué hay detrás de eso, puede ser una fórmula vacía. Debiera ser un tema transversal, no solamente en los cursos de historia. Está demostrado que en la medida que no se habla de estos temas o se intente esconderlos como si nunca hubiesen ocurrido, reemergen y a veces de una manera explosiva”, sostiene.

“Estar en guerra para siempre, siendo infelices, no me gusta”, dice Carmen Gloria Parada. Se caracterizan por ser una familia alegre y lo que pasó en dictadura estuvo lejos de cambiarlos. Hasta el día de hoy, celebran con emoción cada cumpleaños de Alejandro y lo recuerdan con una sonrisa. “No se puede vivir en el pasado. La memoria tiene que estar para que lo que ocurrió no vuelva a suceder. Se separaron familias con miedo, se dividió Chile por completo. A unos les tocó un lado y a otros el otro. Lo que mi hermano hacía era porque quería cambiar el mundo. Él vino a algo a esta tierra y se fue temprano”.

“En el ambiente en el que yo me movía había gente con ideas y con ganas de cambio”, recuerda Ina Córdova, en un sentido similar. A pesar de la nostalgia y la tristeza que se percibe en su voz, su posición se mantiene firme. “La gente joven tiene que saber la verdad. Yo tenía planes para mi vida y me los cortaron. La historia se tiene que contar desde el desgarro, desde el dolor. Desde lo truncada que quedó esa generación con respecto a lo que venía para el futuro de Chile”.

Sobre la autora:

Camila Barrera (@camila.br) es alumna de quinto año de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica (@fcomuc). Ha participado como ayudante de la academia y de investigación en distintos proyectos y ha realizado trabajos periodísticos de producción en radio.

Registro audiovisual Plazoleta de la paz – Campus San Joaquín, Universidad Católica.

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